La mayoría de los trabajadores/as de la República argentina hablamos en forma contundente.
El lunes 24 de septiembre, la Plaza de Mayo y sus alrededores fue colmada por ciento de miles de trabajadores/as que demostraron la consolidación del proceso de unidad en la acción y expresaron un fuerte repudio a la política económica y al proceso de endeudamiento externo con el FMI.
El martes 25 de septiembre el país quedó paralizado en toda su extensión por la huelga general convocada por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT que habla con claridad del cansancio masivo que causan la inflación imparable, la devaluación incesante y los despidos en el estado y la actividad privada y, en contrapartida, la insuficiencia de los aumentos salariales alcanzados hasta el presente.
Es indudable que una buena parte de la familias trabajadoras de la Argentina entró en default ya que no alcanzan a pagar las facturas de luz, gas, agua y telefonía, comienzan a sufrir los estragos que producen los intereses impagables de las tarjetas de crédito y sufren el aumento de las cuotas de los préstamos hipotecarios por la compra de su vivienda única.
Por su parte los jubilados y pensionados agregan, al problema de sus magros ingresos, la falta de los medicamentos más necesarios o la imposibilidad de comprarlos por sus precios prohibitivos.
En ese cuadro de situación, se instala una política arbitraria de despidos en los organismos estatales de control y producción de bienes (Inti, Senasa, Fabricaciones Militares) y en la actividad privada por la falta de control de las importaciones y ausencia de políticas económicas para el desarrollo regional y nacional.
Por otra parte, el gobierno pretende aprobar un presupuesto en el que aumenta la cantidad de trabajadores/as que serán alcanzados por el impuesto al salario e incorpora nuevos ítems salariales para su descuento efectivo, impulsa nuevas reformas jubilatorias e insiste en avanzar con la reforma laboral.
Por estas razones, una inmensa mayoría de trabajadores/as reclamamos un cambio en el modelo económico cuyas consecuencias prácticas son: pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, mayor presión tributaria sobre los que pagamos impuestos, mayor endeudamiento familiar y un notable debilitamiento de nuestra soberanía económica que impedirá cualquier posibilidad de desarrollo nacional.
Desde la APJ GAS sostenemos que la voz que se escuchó en las últimas 36 horas es la voz de la mayoría de los trabajadores/as que estamos convencidos de la necesidad de un diálogo social que permita superar esta realidad y que privilegie políticas de defensa de los puestos de trabajo, de los salarios y de la industria nacional como centro neurálgico para un desarrollo posible, sustentable e integrador.
Nada extraño. Tomar el camino de la construcción soberana de la Nación con la gente adentro.
COMISIÓN DIRECTIVA APJ GAS
