AUDIENCIA PÚBLICA POR LA TARIFA DEL GAS NATURAL CONVOCADA POR EL ENARGAS

Exposición en nombre de la APJ GAS, 17 03 2021

Buenos días a todas y todos,
Desde la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y
Afines (APJ GAS) queremos agradecer la oportunidad que nos brindan de participar en este
evento de democracia práctica si, efectivamente, se toman algunos de los argumentos que
esgrimimos y queremos fijar nuestra posición en esta Audiencia tomando en cuenta los
elementos existentes en la industria, las necesidades de la actividad y las posibilidades de los
usuarios para soportar nuevos aumentos.
En primer lugar, para no distorsionar la percepción de los usuarios y usuarias, es necesario
dejar en claro que en esta Audiencia no se discute sobre el 40-45% de la factura que
corresponde al precio del gas y que tiene gran importancia en el costo final. Lo que se discute
es sobre el 30-35% del costo final atribuible a las distribuidoras y transportadoras. Es decir, el
costo estimado del millón de BTU en Argentina es de U$s 2,10 y lo acordado en el Plan GasAr
es de U$s 3,55 hasta U$s 4,73. Las beneficiarias directas de esa gran diferencia son las
productoras de gas. No obstante, algunas productoras son también accionistas mayoritarias de
las distribuidoras y transportadoras, por lo que en dos días, siendo los mismos sujetos
económicos, discutirán aumentos en sus respectivos tramos.
Además, el 25% de la factura está signado por el cobro de impuestos nacionales y provinciales
y tasas municipales. Por lo tanto, debe quedar claro que aquí estamos discutiendo el 35%
restante de la tarifa según la zona de residencia.
En segundo lugar, de acuerdo a los balances presentados por las empresas de la industria del
gas natural que cotizan en bolsa se verifican dos escenarios: las que tuvieron utilidades y las
que tuvieron pérdidas. Dentro de ese marco se destacan muy sobre el resto las ganancias
obtenidas por Transportadora de Gas del Sur (TGS), que tiene el 55% de sus ingresos
desregulados por efecto de la comercialización de líquidos. En el extremo opuesto se
encuentra Metrogas con pérdidas importantes.
En todos los casos se verifican reservas para futuros dividendos, facultativas o para futuras
inversiones por encima de sus pérdidas. Además, se verifican inversiones millonarias en el país
y en el extranjero que son producto de la acumulación de varios años de operación, actúan 2
como reaseguro ante los vaivenes inflacionarios y las restricciones, y hablan de la solidez de las
empresas para enfrentar momentos difíciles. Excepción a esta regla es Metrogas, que a pesar
de los últimos balances negativos también tiene inversiones financieras.
Consecuencias: todas mejoraron su liquidez, es decir, la capacidad de una empresa para hacer
frente a sus obligaciones a corto plazo. Respecto a la solvencia, es decir, la capacidad de una
empresa para cumplir con todas sus obligaciones de pago (de corto, mediano y largo) muchas
mejoraron esa ratio y otras lo empeoraron pero en ningún caso están en situación crítica.
En tercer lugar, los costos de las empresas de nuestra industria están directamente vinculados
con las políticas internas y, no solo con la dolarización de esos costos. Por un lado, algunas
distribuidoras se resisten a incorporar actividades centrales de su gestión con trabajadores/as
efectivos y continúan una política de tercerización que encarece los costos. Dos ejemplos:
Metrogas y Naturgy Ban tienen cantidades similares de trabajadores/as efectivos y
contratados. Cada contratado representa un costo entre una y media y dos veces lo que se le
paga a un efectivo. Pero cuando solicitan aumento de tarifas agregan ese diferencial que debe
pagar el usuario. Es un costo ilegítimo y evitable. Sobre todo, insistimos, considerando que se
trata de actividades inherentes a su concesión: guardias de emergencia, reseguimiento de red,
medición, sistemas informáticos, instalación y reparación de medidores, reparaciones en la
red, empalmes, mantenimiento de válvulas, higiene y seguridad industrial, lectura de
consumos, reparto de facturas, etcétera.
Por otro lado, existe un bajo promedio de acuerdos masivos con pymes argentinas y
universidades nacionales que tienen especialistas e institutos especializados en la actividad. En
algunos segmentos dolarizan porque su decisión es no buscar alternativas que pesifiquen el
costo. No todo es tan especializado como para recurrir a proveedores internacionales. Si bien
no todos los proveedores nacionales son aptos, hay muchos que sí y es necesario diversificar la
búsqueda entre lo existente. Internacionalizar a los proveedores y evitar las instituciones
estatales con expertise pertinente también es dolarizar.
En cuarto lugar, el costo de personal y cargas sociales ronda el 20%. Nuestra lucha colectiva
para dar pelea a la inflación que depreda nuestros salarios tampoco es la explicación del
problema. No obstante, las empresas insisten en mantener niveles altos de trabajadores/as
fuera de convenio, lo que aumenta los costos y cuya finalidad es intervenir en las posibilidades
de organización sindical de los trabajadores/as con gastos no salariales que, ante cada pedido
de aumento de tarifas, pretenden cobrárselos a los usuarios y usuarias. Eso es costo adicional
innecesario y es una decisión de política interna. Son costos ilegítimos y evitables.3
En quinto lugar, es necesario un dictamen del órgano de control respecto a la pertinencia y el
cumplimiento de la RTI aprobada por la gestión anterior. No solo el cumplimiento. Algunas
empresas cumplieron en tiempo y forma, y sus obras impactaron en la red. Otras cumplieron
pero no tuvieron un impacto importante en la red porque existió un alto componente de
estudios y consultorías sobre futuras obras y un bajo componente de intervención física. Otras
incumplieron y otras dijeron una cosa y ejecutaron otra. Un ejemplo entre otros: reparar el
piso circundante de reguladoras y estaciones de medición sin realizar ninguna intervención
sobre esos activos para lo cual estaba prevista la RTI. Cuando esto se verifica, no alcanza con
una multa porque el importe de esa revisión aprobada ya está en el precio del metro cúbico y
la pagan todos los usuarios/as.
Además, es necesario aclarar que muchos de los ítems aprobados en las RTI mencionadas son
actividades referidas al giro central de las empresas que ganaron las concesiones
oportunamente con claras instrucciones para operar y mantener la red y que, por diferentes
razones, fueron difiriendo durante los años de concesión.
En sexto lugar, todas las empresas tienen su respectiva comercializadora de la cual son
accionistas casi únicos o empresas asociadas, que permiten desarrollar actividades conexas de
las cuales son accionistas muy mayoritarios. Algunas utilizan recursos humanos y materiales de
la propia licenciataria para el funcionamiento de esas empresas laterales (unificación de
actividad económica-financiera, sistemas, vehículos y, eventualmente, personal). En algunos
casos esos costos adheridos los asume la licenciataria. Si hubiera utilidad de esa empresa,
pertenece a esa organización lateral, pero los gastos asociados son de la licenciataria. Es otro
costo que no deben pagar los usuarios.
En séptimo lugar, el grado de cobrabilidad de las distribuidoras fue alto y, simultáneamente, el
de morosidad fue creciendo hasta el doble histórico. Esto habla de dos cosas: en promedio, el
88% de los usuarios y usuarias honraron sus deudas, pero estamos muy cerca del límite posible
de pago y ante un escenario de mayor morosidad. La facturación de las distribuidoras se
explica en más del 80% promedio por los usuarios residenciales. Por efecto de la pandemia la
franja de consumo comercial e industrial bajó notablemente. Es un dato revelador para
considerar en esta discusión si queremos un país integrado al gas natural y empresas que
retengan a los millones de usuarios actuales y atraigan a los potenciales.
En ese sentido, también necesitamos que el organismo de control tenga una actuación activa
en la verificación de incumplimientos y denuncias de afectación del servicio que efectúan los
usuarios. Este punto debería ser considerado para el estudio de cambios tarifarios porque 4
creará más confianza ante los desequilibrios de la prestación y también persuadirá a no
cometerlos.
En octavo lugar, no desconocemos el incremento de las deudas de las empresas que, en
general, renegociaron con sus acreedores aunque no desapareció y contienen pagos parciales
impostergables. Precisamente, uno de los pilares de la eficacia de sus respuestas está en
retener a los usuarios/as y ejecutar una política de crecimiento que, como todos sabemos, es
lo que miran los acreedores nacionales e internacionales. No podrán pagar deudas sin usuarios
que puedan pagar sus tarifas.
Desde la APJ GAS sostenemos que para decidir un incremento provisorio de la tarifa de gas
natural deben tenerse en cuenta los puntos precedentemente consignados. Permítannos
entonces compartir algunas preguntas que traducen claramente parte de lo que está en juego.
¿Es igual una empresa que tiene el 55% de sus ingresos desregulados que otra que no los
tiene? Al respecto, los balances públicos son reveladores.
¿Es igual una empresa cuyos accionistas mayoritarios son productores de gas y recibirán un
incremento importante en ese segmento que el de los demás casos?
¿Es igual el caso de una empresa que tiene accionistas globales y goza de la solidez del grupo
que quien tiene su actividad en el ámbito estrictamente nacional?
¿Es igual una empresa que cumplió con la RTI anterior y sus acciones repercutieron
decisivamente en la operación y el mantenimiento de redes y gasoductos, que quienes no
cumplieron o no impactaron en forma directa sobre los caños y las instalaciones?
¿Es igual una empresa que combate con personal y recursos el robo de energía, o que aplica
políticas correctas contra las pérdidas en la operación y, por lo tanto, tiene una menor ratio de
gas no contabilizado que aquellas que tienen una pérdida recurrente y creciente?
¿Es igual una empresa que tiene potencial constructivo de redes futuras en provincias que
recién acceden al gas natural con un bajo caudal de usuarios, respecto de otra que tiene
millones de usuarios y menos capacidad porcentual de penetración?
¿Es igual una empresa que tiene una deuda importante de corto o mediano plazo que aquella
que difirió su pago a largo plazo?
¿Son iguales todos los usuarios y las usuarias?5
¿Cuánto se puede aumentar el costo fijo –que afecta más a los usuarios de menores ingresos–
y cuánto se puede seguir sin alterar las escalas de consumo?
¿Cuánto más pueden soportar las industrias en recesión, los usuarios y usuarias desocupados o
con salarios reducidos, las escuelas y los hospitales en funcionamiento, las instituciones
deportivas que son también puntales en la recuperación física de miles de personas con
afecciones de salud?
En ese sentido, debemos incorporar el concepto social y económico de pobreza energética,
que describe la paulatina desconexión de grandes masas de usuarios del servicio público de
gas y luz por no poder hacer frente al gasto que significa el consumo familiar, comercial o
industrial y la presión tarifaria sobre quienes aún pueden pagarlo. La energía es un derecho
social y no puede ser desconocido como tal ni por los empresarios, ni por los gobiernos, ni por
quienes se crean a salvo de las crisis.
En mérito a lo expuesto, la APJ GAS PROPONE que, antes de aprobar un aumento provisorio o
de emergencia, se consideren los siguientes puntos:
 Merituar las variables descriptas u otras más que se consideren pertinentes para estudiar
posibilidades de incrementos que estén relacionadas con un servicio más eficiente.
 Modificar las escalas de consumo de tal manera que se abaraten las facturas de los
usuarios y las usuarias de menores consumos.
 Eliminar de un aumento de transición potencial a jubilados/as, pensionados/as y quienes
cobren el salario, mínimo, vital y móvil o sumas ilegítimamente menores, los desocupados
y las instituciones que desarrollan tareas vinculadas a la contención social, salud,
educación y seguridad ciudadana.
 Condonar las deudas de usuarios en situación crítica, a efectos de que se reincorporen o
no se retiren del servicio público de gas natural.
 Modificar los ejes que determinan el beneficio de la tarifa social adecuándolos a las nuevas
realidades que impone la pandemia, el posible rebrote de la misma y las nuevas
condiciones económicas de millones de trabajadores/as.
 Modificar el status de usuarios/as de regiones que vienen reclamando un tratamiento
especial por vivir en zonas de temperaturas más bajas y haber quedado fuera de las 6
reglamentaciones actuales. Es decir modificar los umbrales de consumo y las
categorizaciones correspondientes.
 Convocar a organizaciones de usuarios, sindicales, empresariales, especialistas en energía
y materia tributaria para elaborar –junto a las autoridades competentes– franjas usuarias y
posibilidades reales de pago de los usuarios y usuarias argentinos tomando como base la
enorme cantidad de datos cruzados existentes que develan diferentes situaciones para
enfrentar consumos, gastos y deudas.
En otro orden, las empresas distribuidoras deben retomar la dirección de incorporar mayor
cantidad de usuarios/as con acciones relevantes. En la actualidad, existen dos severas
restricciones para sumarlos: las deudas impagables que acumularon usuarios que pagaron
muchos años hasta que el tarifazo iniciado en 2017 los fue alejando del servicio público y los
costos de las instalaciones internas, indispensables para tomar la decisión de conectarse. Es
necesario elaborar una política razonable respecto a las deudas que no puedan abonarse y
retomar alianzas con entidades bancarias, proveedores de materiales de construcción,
matriculados y profesionales vinculados al hábitat para desarrollar estrategias comunes que
impliquen reducción de costos a los efectos de ejecutar este tipo de obras menores pero que,
en su conjunto, tienen impacto en la actividad constructiva, en el consumo de gas natural y en
la incorporación de comercios e industrias.
Desde la APJ GAS sostenemos que la inclusión de compatriotas al consumo de gas natural
impacta en el nivel de empleo general, en la calidad de vida de las personas y en el cuidado
del medio ambiente. Las posibilidades de incorporar el uso interno de GLP en el transporte
terrestre y fluvial es una oportunidad de impacto ecológico y disminución de costos de
productos esenciales para la vida cotidiana.
En ese sentido concluimos con dos ideas:
Una, el gas natural debería ser el combustible utilizable hacia el inevitable cambio a las
formas de energía renovables o sustentables. Para ello, los precios y las ganancias
empresarias deben ser razonables, la carga impositiva menor, el uso racional. Tenemos la
suerte de poseer gas suficiente e historia consolidada en transporte y distribución para dar
respuesta a este desafío de las próximas décadas.
Dos, la cohesión social da dividendos. El nivel de bienestar de nuestro pueblo es directamente
proporcional a la utilización de los servicios públicos. La mayoría de los y las argentinas
invertimos en nuestra Patria cuando tenemos recursos para hacerlo. Las mayorías no fugamos 7
el dinero fuera de nuestras fronteras. Lo utilizamos para vivir lo mejor posible aquí. Sabemos
de qué hablamos. Es un país con una red extensa y un uso popular del gas natural como pocas
naciones del planeta. Es parte de la forma de vida de millones de personas que disfrutaron y
disfrutan del gas natural.
Empresas, trabajadores/as y funcionarios/as tenemos un desafío común ante un posible
rebrote de la pandemia en los meses de mayor frío: que el servicio de gas natural llegue a
todos los rincones de la Argentina. Es una herramienta eficaz para combatir este virus invisible,
traicionero, resistente e inescrupuloso.
Cualquier incremento debe considerar que ese uso histórico de un bien que eleva la calidad de
vida no será resignado por el Pueblo usuario. El mismo Pueblo usuario que honró sus deudas
con la industria del gas natural en un 88% promedio y que entiende que la actividad debe ser
viable, que las empresas deben tener equilibrios económicos para su sostenibilidad y que sabe
el valor de la sabiduría colectiva para encontrar soluciones equitativas que garanticen un
servicio público eficiente, seguro y accesible.

Rubén Ruiz
Secretario General de la APJ GAS